En un contexto mundial donde la sostenibilidad es cada vez más prioritaria, las empresas deben adaptarse a las normativas y mejores prácticas ambientales para garantizar su competitividad y cumplimiento regulatorio. En Chile, la gestión ambiental ha sido fortalecida con una variedad de instrumentos de política pública diseñados para prevenir, atenuar y mejorar los problemas ambientales.
En esta publicación, exploraremos los principales instrumentos para la gestión ambiental en Chile y cómo las empresas pueden aprovechar estos mecanismos para mejorar su desempeño ambiental, reducir su impacto y beneficiarse de incentivos y certificaciones.
Desde la creación de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en la década de 1990, se han implementado varios instrumentos que regulan y fomentan el manejo adecuado del impacto ambiental. Estos incluyen:
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): Todos los proyectos que puedan generar un impacto significativo en el medio ambiente deben ser evaluados y aprobados por el SEIA, lo que permite garantizar que las medidas de mitigación y compensación ambiental sean efectivas.
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Este instrumento, creado en 2010, se aplica a planes y políticas de carácter normativo general, integrando el enfoque de sostenibilidad desde etapas tempranas de la planificación.
Certificaciones Ambientales Voluntarias (ISO 14.001): Muchas empresas en Chile optan por implementar sistemas de gestión ambiental que cumplen con estándares internacionales, como la norma ISO 14.001, lo que les permite operar de manera más sostenible y mejorar su reputación ante socios e inversionistas.
Uno de los instrumentos más recientes es el impuesto verde, que se introdujo a través de la Ley 20.780 en 2014. Este impuesto afecta a las emisiones de CO₂, NOx, SO₂ y material particulado, tanto de fuentes móviles como fijas. Las empresas que superan ciertos umbrales de emisión deben pagar por sus emisiones, pero también pueden acogerse a mecanismos de compensación que les permitan mitigar su impacto.
Desde 2019, la legislación se ha modernizado para calcular el impuesto basado en las emisiones reales de contaminantes, lo que refuerza la importancia de monitorear, reportar y reducir las emisiones.
Otro mecanismo relevante para las empresas es la posibilidad de adherirse a Acuerdos de Producción Limpia (APL), que son convenios voluntarios entre el sector público y privado con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los procesos productivos. Los APL permiten a las empresas implementar medidas concretas para reducir el consumo de recursos y minimizar los residuos, mejorando su competitividad y reduciendo su huella ambiental.
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es otro instrumento valioso, que permite a los municipios trabajar de manera conjunta con empresas locales para promover buenas prácticas ambientales y establecer políticas locales sostenibles. Las empresas que operan en municipios certificados pueden beneficiarse de un entorno más favorable para la sostenibilidad, lo que mejora la colaboración y las oportunidades de negocio.