La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son pilares fundamentales de las políticas gubernamentales en Chile. Uno de los principales instrumentos que el país ha implementado para reducir las emisiones de contaminantes al aire es el impuesto verde, el cual grava las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), y dióxido de azufre (SO₂) provenientes de fuentes estacionarias, como fábricas y plantas de generación de energía.
En esta publicación, abordaremos el marco normativo que regula este impuesto y cómo afecta a las empresas chilenas que emiten más de 100 toneladas anuales de material particulado o 25,000 toneladas anuales de CO₂.
1. ¿Qué es el Impuesto Verde?
El impuesto verde fue introducido a través de la Ley N°20.780, reformada por la Ley N°21.210. Este impuesto se aplica a las fuentes emisoras fijas que superen ciertos umbrales de emisión. El objetivo es incentivar a las empresas a implementar medidas de reducción de emisiones y a contribuir a la disminución de la contaminación atmosférica.
Las emisiones gravadas incluyen tanto aquellas generadas directamente por la combustión en procesos industriales como las indirectas derivadas de otras operaciones. Entre los contaminantes gravados se encuentran:
- Material Particulado (MP)
- Óxidos de Nitrógeno (NOx)
- Dióxido de Azufre (SO₂)
- Dióxido de Carbono (CO₂)
2. Identificación de los Contribuyentes Afectos
El Decreto N°63 de 2022 establece las obligaciones y procedimientos para identificar a los contribuyentes afectos al impuesto verde. Las empresas que operen con fuentes emisoras que superen los umbrales mencionados están obligadas a reportar sus emisiones al Ministerio del Medio Ambiente. Este monitoreo se realiza a través del Sistema de Información de Seguimiento Atmosférico (SISAT), el cual consolida la información de las fuentes emisoras.
Las empresas deben mantener actualizada la información sobre sus fuentes emisoras y reportar anualmente sus emisiones al Registro Único de Emisiones Atmosféricas (RETA), lo cual permite al gobierno chileno hacer un seguimiento detallado del impacto ambiental de cada establecimiento.
3. Métodos de Monitoreo y Verificación de Emisiones
Para cumplir con la normativa, las empresas deben implementar sistemas de monitoreo de sus emisiones. Los principales métodos incluyen:
- Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), que permiten medir en tiempo real las concentraciones de los contaminantes.
- Muestreo y medición mediante Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA).
- Estimaciones basadas en factores de emisión, donde se utilizan modelos para calcular las emisiones según las características del proceso productivo y el nivel de actividad.
Estos métodos deben ser aprobados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y estar alineados con los instrumentos de fiscalización ambiental vigentes.
4. Beneficios para las Empresas que Reducen sus Emisiones
El marco regulatorio también ofrece incentivos para aquellas empresas que implementan proyectos de reducción de emisiones. Los Certificados de Reducción de Emisiones permiten compensar parte del impuesto a través de la implementación de medidas efectivas que reduzcan las emisiones de CO₂. Estos certificados son otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente tras la validación de un auditor externo.
Además, las empresas que demuestren una gestión eficiente de sus emisiones no solo pueden beneficiarse económicamente, sino también mejorar su reputación ante inversionistas y consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental.
